Se manifiestan familias desplazadas en fraccionamiento Pensiones Civiles de Cuauhtémoc

Cerca de un centenar de familias de Moris y Uruachi buscan una solución habitacional en Cuauhtémoc; aseguran que desde 2024 abandonaron sus comunidades por la violencia

Familias desplazadas por la violencia que prevalece en los municipios de Moris y Uruachi se manifestaron pacíficamente en las inmediaciones del fraccionamiento Pensiones Civiles del Estado, ubicado en la ciudad de Cuauhtémoc, para exigir una respuesta a sus múltiples solicitudes de vivienda o terrenos. La petición busca mejorar las condiciones de vida de cerca de un centenar de familias de la región serrana que se han visto obligadas a migrar a zonas urbanas del estado.

Desde temprana hora del lunes 26 de octubre, alrededor de 50 personas, en su mayoría niñas, niños y mujeres, acudieron a las calles de la zona habitacional ubicada al noroeste de Cuauhtémoc, con el fin de solicitar la intervención de la Comisión Estatal de Vivienda (COESVI) para que cumpla con el compromiso de dotar de vivienda a las familias desplazadas.

De acuerdo con los afectados, desde 2024 se vieron forzados a abandonar sus hogares en los municipios serranos antes mencionados y trasladarse a Cuauhtémoc en busca de una mejor calidad de vida, objetivo que hasta la fecha no han conseguido debido al incumplimiento de algunas dependencias de los gobiernos estatal y federal, que, según señalaron, únicamente responden que se trabaja en un proyecto para atender a las personas desplazadas.

Una de las manifestantes, quien pidió el anonimato, indicó que las condiciones de las familias serranas que llegan a la ciudad son precarias, debido al hacinamiento de cinco a seis familias por vivienda, es decir, hasta 30 personas en una sola casa. Esta situación se debe a la falta de recursos para pagar la renta de un mayor número de inmuebles.

Recordó que, a partir de octubre de 2025, intentaron llegar a un acuerdo para habitar las 166 casas que permanecían en condición de abandono desde hacía más de 15 años en el fraccionamiento Pensiones Civiles. Sin embargo, fueron desalojados por las autoridades, que argumentaron que las viviendas tenían propietario. Incluso, señalaron que se les exigió presentar denuncias penales para acreditar el delito de desplazamiento forzado, situación que calificaron como un acto de impunidad.

Lo anterior llevó a los afectados a realizar diversas gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Urbano, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la COESVI. Destacaron que esta última dependencia les notificó sobre una posible solución al problema; sin embargo, hasta la fecha no han obtenido una respuesta concreta, luego de que las casas deshabitadas de Pensiones Civiles fueran subastadas, pese a las gestiones de las familias desplazadas para conseguir un hogar.

Ante la falta de una respuesta clara, los inconformes señalaron que permanecerán en el lugar de manera pacífica hasta obtener una solución de las autoridades correspondientes. De lo contrario, advirtieron que podrían instalarse en las viviendas, aun sin contar con la posesión legal de estas, como medida de presión, aunque afirmaron que buscarán evitar esa situación.

Asimismo, reiteraron su disposición a pagar por una propiedad de acuerdo con sus posibilidades económicas y subrayaron que su situación actual no es algo que hayan buscado o deseado. Explicaron que, ante la falta de condiciones de seguridad y tranquilidad para sus familias, se han visto obligados a abandonar sus hogares debido a la violencia que prevalece en la región serrana.

Finalmente, afirmaron que no tienen intención de regresar a sus comunidades de origen por temor a convertirse en víctimas del crimen organizado.